ESTUDIO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL DE UNA OBRA DE INFRAESTRUCTURA*

Un gobierno regional del Perú otorgó a una compañía europea un contrato para construir una nueva carretera de 200 kilómetros que debía conectar a una ciudad de la Sierra con otra ubicada en la Amazonía. Para esto, los ingenieros de la empresa habían elaborado una propuesta técnica con mapas que incluían el trazo de la futura vía.

Las regulaciones nacionales exigían a la compañía la realización de un estudio de evaluación del posible impacto social y ambiental de la obra, que según el proyecto atravesaba algunas áreas forestales y agrícolas. El estudio debía ser aprobado por una agencia estatal antes del inicio de las operaciones.

Para la ejecución del estudio, los ejecutivos de la empresa decidieron contratar los servicios de un Instituto de Investigación adscrito a una Universidad local. Los directivos del Instituto aceptaron el encargo, negociaron el costo del estudio, establecieron un plazo de cuatro meses para la entrega de un informe preliminar, con un mes adicional para la entrega de un informe final, y conformaron un equipo multidisciplinario compuesto por profesionales de Ingeniería Ambiental, Geografía, Biología y Ciencias Sociales.

El equipo trabajó durante tres meses en la zona, realizando encuestas y consultas comunitarias, mediciones geográficas y análisis ambientales. Por un lado, los especialistas en Ciencias Sociales encontraron que, en general, las poblaciones de las áreas ubicadas a lo largo de la vía proyectada aceptaban la construcción de la carretera, salvo por algunos agricultores que condicionaban su aceptación a la perspectiva de ser adecuadamente compensados por la afectación de sus tierras de cultivo. Pero por otro lado, un Ingeniero Ambiental advirtió que el trazo de la carretera atravesaba 35 kilómetros de una zona que se encontraba en proceso de ser declarada “Área Natural Protegida”, para lo cual había un expediente en curso ante las autoridades ambientales. Luego, los biólogos constataron que dicha zona tenía presencia de algunas especies silvestres que habían sido declaradas en grave peligro de extinción.

Los especialistas consignaron esta información en el informe preliminar enviado a la compañía, anexando una estimación de las dimensiones y el valor las áreas de cultivo que podrían verse afectadas, una lista de las especies silvestres amenazadas, y un reporte sobre el estado del tramite en curso para declarar dicha zona “Área Natural Protegida”. En sus recomendaciones, el mismo informe sugería replantear el trazo proyectado para la carretera, para evitar que ésta pase por la zona ambientalmente sensible. Al respecto, se anexaba también una propuesta del geógrafo del equipo con dos alternativas de posibles nuevas rutas.

Luego de leer el informe, los ejecutivos de la empresa consideraron que un replanteamiento del trazo implicaría una elevación significativa del costo estipulado en el contrato con el gobierno regional, lo cual reduciría sus márgenes de beneficio. Además, el asesor legal de la compañía recomendó continuar con el proyecto inicial, alegando que la zona ambientalmente sensible no contaba con protección estatal cuando obtuvieron el contrato, y que la autoridad ambiental tardaría en declarar la protección sobre esa zona, ya que ese trámite se había iniciado muy recientemente.

La compañía envió una comunicación escrita al Instituto universitario, pidiendo que se realicen algunas modificaciones al informe, antes de la entrega de la versión final que se debía remitir a las autoridades estatales. Específicamente, solicitaba retirar varios párrafos que hacían referencia a las especies animales amenazadas y al expediente en curso para declarar la protección de la zona forestal aludida. En la misma comunicación la compañía dejaba entrever que pedía tales cambios en virtud de ser ésta la que pagaba el estudio.

*Caso ficticio.

 

Para reflexionar: 

  • ¿Cómo deberían actuar los responsables del estudio en este caso?

  • Si la empresa pagaba el estudio, ¿podía solicitar que se modifique el informe final?

  • ¿Qué intereses entraron en juego, considerando a todas las personas e instituciones mencionadas en este caso?

  • ¿Qué aspectos legales habría que considerar en este tipo de situaciones?

  • ¿Los responsables del estudio podrían negarse a acceder al pedido de la empresa?

  • ¿Sabe si las instituciones de investigación que usted conoce tienen normas o reglamentos que contemplen este tipo de situaciones?